La inviolabilidad del domicilio.

La entrada y registro en domicilios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para impedir fiestas ilegales durante el estado de alarma-¿es legal? ¿Necesitan autorización judicial?

En las últimas semanas estamos siendo testigos de numerosas imágenes emitidas en los medios de comunicación donde se aprecia como agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entran en domicilios para, en teoría, impedir la celebración de “reuniones o fiestas ilegales” prohibidas por el Decreto que declaró estado de alarma en nuestro país, pero ¿es correcta esta actuación? ¿Puede la policía acceder sin más a nuestro domicilio?

Para hacer este artículo lo más ameno posible podemos dar una respuesta previa, como siempre en Derecho nada es blanco o negro, depende.

El artículo 18 de la Constitución Española establece en su apartado segundo que “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. Extraemos de antemano dos conclusiones, la inviolabilidad del domicilio se trata de un derecho fundamental, por ende, los agentes siempre, necesariamente, van a necesitar autorización o mandato judicial para acceder a un domicilio, con la única excepción del “flagrante delito”. Puede resultar sencillo a priori pero ambos conceptos jurídicos, nos referimos tanto a “domicilio” como “flagrante delito”, han requerido de desarrollo o interpretación jurisprudencial para su aclaración y delimitación. A continuación, de manera sucinta, procedemos a exponer qué entiende la jurisprudencia por ambos términos.

El Tribunal Constitucional, máximo intérprete del texto constitucional en nuestro país, ha tenido múltiples ocasiones para pronunciarse sobre su postura frente a qué considera “domicilio”. Para ello, traemos al presente la Sentencia 10/2002, de 17 enero, del Tribunal Constitucional, que expone resumidamente lo que sigue: “hemos declarado que «el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no solo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella» (TC SS 22/1984, de 17 Feb.,; 137/1985, de 17 Oct.; 69/1999, de 26 Abr.; 94/1999, de 31 May.,; 119/2001, de 24 May. (…)”.    

“(…) El rasgo esencial que define el domicilio a los efectos de la protección dispensada por el art. 18.2 CE reside en la aptitud para desarrollar en él vida privada y en su destino específico a tal desarrollo aunque sea eventual. Ello significa, en primer término, que su destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de modo que, en principio, son irrelevantes su ubicación, su configuración física, su carácter mueble o inmueble, la existencia o tipo de título jurídico que habilite su uso*, o, finalmente, la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo. En segundo lugar, si bien el efectivo desarrollo de vida privada es el factor determinante de la aptitud concreta para que el espacio en el que se desarrolla se considere domicilio, de aquí no se deriva necesariamente que dicha aptitud no pueda inferirse de algunas de estas notas, o de otras, en la medida en que representen características objetivas conforme a las cuales sea posible delimitar los espacios que, en general, pueden y suelen ser utilizados para desarrollar vida privada (…)”.

*Tal es así, por poner varios ejemplos, en las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 enero, de 3 julio y de 5 octubre de 1992 y de 17 marzo de 1993 se afirma que “las diligencias de entrada y registro practicadas sin mandamiento judicial en habitaciones de hotel vulneran el derecho a la inviolabilidad del domicilio”.

Para cerrar esta breve reseña al concepto de “domicilio” en nuestro ordenamiento jurídico, no debemos omitir la delimitación que nos ofrece el artículo 554 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “se reputan domicilio (…) :

“1.º Los Palacios Reales, estén o no habitados por el Monarca al tiempo de la entrada o registro.

2.º El edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia.

3.º Los buques nacionales mercantes.

4.º Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros”

Por su parte, para comprender cómo o qué entiende la jurisprudencia por “delito flagrante”, vamos a servirnos de la Sentencia 423/2016 de 18 de mayo, del Tribunal Supremo.

Explica esta Sentencia que son “tres son los elementos que según la jurisprudencia de esta Sala (**) vertebran el delito flagrante: la inmediatez de la acción delictiva, la inmediatez de la actividad personal y la necesidad de urgente intervención policial por el riesgo de desaparición de los efectos del delito”.

(**) (Entre otras SSTS 181/2007 de 7 de marzo, 620/2008 de 9 de octubre, 111/2010 de 24 de febrero o 758/2010 de 30 de junio)

Elementos que define y desglosa de la forma literal que sigue:

I. La inmediatez de la acción, es decir, que el delito se esté cometiendo (actualidad en la comisión) o se haya cometido instantes antes (inmediatez temporal), equivale a que el delincuente sea sorprendido en el momento de ejecutarlo.

II. La inmediatez personal equivale a la presencia de un delincuente en relación con el objeto o instrumento del delito, lo que supone la evidencia de éste y de que el sujeto sorprendido ha tenido participación en el mismo.

III. Por último, la necesidad urgente de la intervención policial supone que por las circunstancias concurrentes la policía se vea impelida a intervenir inmediatamente para evitar la progresión delictiva o la propagación del mal que la infracción acarrea, la detención del delincuente y/o la obtención de pruebas que desaparecerían si se acudiera a solicitar la autorización judicial.

Concluye la Sentencia afirmando que “en cualquier caso el sustrato fáctico al que se aplica la flagrancia debe constar en el hecho probado, fruto de la valoración por el Tribunal de instancia de las pruebas practicadas ex artículo 741 LECrim y debe partirse de ello para contrastar si se ha respetado o no la norma constitucional invocada (artículo 18.2 CE)”.

Por “fiesta ilegal” entendemos, toda aquella reunión de personas no convivientes en un domicilio que exceden del número máximo, fijado previamente por una determinada comunidad autónoma, que pueden reunirse en dicho emplazamiento. Debemos advertir que para el supuesto que nos ocupa, (hablamos exclusivamente de los que han salido en prensa en estos días) los agentes que vemos accediendo a los domicilios por la fuerza, no lo hacen para evitar la comisión de un delito, máxime una infracción administrativa. Por lo que la desproporción resulta cuanto menos manifiesta.

En conclusión, obviamente, no es nuestra intención hacer un llamado al desorden y a la desobediencia, nada más lejos de la realidad. Pero no todo vale. Ni la pandemia ni la declaración del estado de alarma deben ser una excusa, ni un sentido ni en otro, para no respetar la ley. No se contempló siquiera en la propia naturaleza del estado de alarma la supresión o suspensión de derechos fundamentales. Ver en telediario o los periódicos las citadas imágenes puede provocar un sentimiento de desconfianza en los ciudadanos nada conveniente en estos tiempos, de ahí el interés del presente.

Artículo redactado por Pedro Sobrino Ballesteros, abogado y socio de la firma.

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