Derecho al Honor y los ficheros de morosos

Derecho al Honor y los ficheros de morosos

La Constitución Española en su artículo 18, garantiza y protege el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Siendo este derecho un derecho fundamental que goza de una protección especial a través de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de Mayo de Protección Civil del derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia Imagen.

Sin embargo, a pesar de esta especial protección que le brinda nuestro ordenamiento jurídico al derecho al honor, algunas empresas de bienes y servicios, compañías de suministros o las entidades bancarias entre otras, vienen vulnerándolo sistemáticamente, amenazando a los consumidores de sus servicios con incluirlos en los conocidos como  ficheros de morosidad o registros de morosos, por no haber atendido alguna deuda con ellos contraída, sustituyendo esta práctica a la interposición de la correspondiente demanda de reclamación de estas deudas.

En estos casos, las empresas incurren en conductas constitutivas de verdaderas amenazas y coacciones siendo la práctica más habitual la de la reclamación vía telefónica, a cualquier hora del día o incluso de la noche, presionando al consumidor para que pague, amenazándole con su inclusión en algunos de los ficheros de morosos que existen hoy día.

Por su parte, nuestro  Tribunal Supremo ha considerado en consolidada jurisprudencia que este tipo de prácticas pueden suponer una intromisión ilegítima en el derecho al honor y exige una serie de requisitos muy claros para la inclusión de este tipo de deudas y los datos del consumidor en los ficheros de morosos y si alguno de ellos no se cumple, la inclusión devendría de facto ilegal y por consiguiente supondría una intromisión ilegítima.

¿Cuáles son esos requisitos?

1. Que la deuda reclamada sea cierta, así como vencida y exigible y que no sean deudas sobre las que no exista controversia.

Es decir, que solo pueden ser objeto de inclusión en estos ficheros de morosos aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo injustificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente están discutiendo con el acreedor la existencia y cuantía de la deuda.

2. Que haya existido una información al afectado y que se haya producido de forma anterior a la inclusión en el fichero

Conforme a lo previsto en los arts. 38 y 39 del Reglamento, existe una obligación de informar al acreedor en el momento de la celebración del contrato. Si no se ofrece esta información al contratante, no se podrá incluir sus datos en un fichero de morosidad posteriormente.

3. Que exista un previo requerimiento de pago.

La empresa que reclama el pago de la deuda está obligada a efectuar un  requerimiento previo, que en muchas ocasiones no se da. Es obligación de la empresa que reclama la deuda efectuar dicho requerimiento con al menos 30 días de preaviso. Es frecuente que este requerimiento previo no se dé y siempre corresponde a la empresa acreditarlo.

4. El titular del fichero debe notificar la inclusión.

Por su parte el registro de morosos debe comunicar al deudor cuáles son los datos incluidos e informarle de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

5. Que la antigüedad de la deuda sea inferior a 6 años, puesto que en caso contrario, debe ser cancelada la inscripción por el propio fichero de morosidad.

Resarcimiento por inclusión ilegal en ficheros de morosidad

La inclusión ilegal en ficheros de morosidad, previa reclamación judicial, puede dar origen a la  la exclusión inmediata del fichero con la total eliminación de los datos incorporados y al derecho a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la inclusión.

La indemnización por daños y perjuicios derivada de la improcedencia de la inclusión de los datos en los registros de morosidad, será graduada atendiendo a una serie de criterios establecidos por nuestro Tribunal Supremo y que se resumen a continuación:

1. Duración de la inclusión indebida de los datos del afectado en el fichero en cuestión.

2. Cantidad de ficheros en los que ha sido incluido el afectado.

3. Cantidad y complejidad de las gestiones realizadas por el afectado para conseguir ejercitar su derecho de cancelación.

4. El número de consultas efectuadas al fichero por empresas que quisieran conocer la situación de solvencia del afectado.

5. La incidencia que haya tenido en el afectado la inclusión en el fichero de morosidad, como puede ser la no concesión de financiación o préstamos.

Por lo tanto la indemnización debe cubrir, por un lado, el daño moral y, por otro, los daños y perjuicios causados. Además, el Tribunal Supremo insiste en que las indemnizaciones no pueden ser simbólicas, para que la empresa extreme así la precaución, por lo que estas indemnizaciones pueden oscilar entre los 3.000 y los 10.000 euros.

Si usted se encuentra o ha sufrido éste tipo de situaciones no dude en contactar con nosotros.